POR: Heber Abelino F.
Los mexicanos ejercemos nuestra derecho a expresarnos libremente. Expresar reclamos o necesidades de la sociedad civil a los gobernantes es un aspecto que fortalece los sistemas democráticos como el nuestro. La sociedad civil, mediante sus diversas organizaciones, aprovecha éste derecho para transitar sus demandas a la esfera de lo público.
Las recientes manifestaciones encabezadas por un sector del magisterio han reflejado su oposición a una reforma educativa que afecta a sus intereses. La evaluación magisterial es una medida que les afecta a debido a que nunca la evaluación había puesto en peligro su continuidad como profesor y en consecuencia su estabilidad laboral. Se consideraba que conseguir una plaza de profesor equivalía a tener seguro el trabajo de por vida. Con la Reforma Educativa, la estabilidad cambia a incertidumbre: los sindicatos de maestros ya no la garantizan.
Evaluar a los profesores que trabajan para el Estado no sólo es una medida deseable para conocer su competencias. Refleja la aplicación de estándares de medición a un trabajador, que como cualquier otro, debe ser evaluado para asegurar su desempeño optimo, en este caso, enseñando a niños y jóvenes del sistema de educación pública en México. Los maestros están en su libre derecho de reclamar por una medida que les afecta, que les crea incertidumbre laboral; sobre todo a aquellos que no están seguros de su competitividad, o bien, aquellos que ya no pueden vender esa estabilidad, como es el caso de los líderes sindicales del magisterio mexicano.
La sociedad civil mexicana ha sido respetuosa y tolerante a la libre expresión de los maestros afectados, pero esta consciente que su derecho al libre tránsito no ha sido garantizado. Las redes sociales, los medios de comunicación y los sondeos de opinión reflejan el enojo que han ocasionado el cierre de vialidades por parte de los manifestantes. Asimismo, cuestionan que los diversos órdenes de gobierno no garanticen al resto de la población su derecho para transitar libremente.
Las experiencias traumáticas de represión a manifestantes configuran una política de pasividad enmascarada de tolerancia. La represión que sufrieron estudiantes y trabajadores durante los gobiernos priístas de Díaz Ordaz y Echeverria, por mencionar algunos expresidentes emanados del PRI, y su repercusión en el México de hoy, han propiciado que se tolere y garantice las manifestaciones, aunque algunas de ellas se hayan tornado violentas, afectando la integridad y el patrimonio de terceros.
Las autoridades garantizan la libre expresión de algunos sectores afectados en sus intereses grupales, a cambio de impedir el derecho al libre tránsito de la mayor parte de la sociedad. Es una apuesta que ya están perdiendo los gobernantes. La falta de garantías al libre tránsito al resto de la sociedad se traduce en cifras a la baja en las encuestas de evaluación de los gobernantes, y eso lo saben los políticos.
Los gobernantes deben garantizar la libre expresión así como el libre tránsito. Es loable que se les garanticen a los grupos que se manifiestan, este derecho. Sin embargo, es cuestionables que en este afán no se le garantice a la mayor parte de la sociedad su derecho a transitar. La libertad de expresión se respeta cuando tu también respetas mi derecho a transitar, en palabras de Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno, es la paz" y, desafortunadamente, en este momento la sociedad no está en paz con los maestros manifestantes.
Los mexicanos ejercemos nuestra derecho a expresarnos libremente. Expresar reclamos o necesidades de la sociedad civil a los gobernantes es un aspecto que fortalece los sistemas democráticos como el nuestro. La sociedad civil, mediante sus diversas organizaciones, aprovecha éste derecho para transitar sus demandas a la esfera de lo público.
Las recientes manifestaciones encabezadas por un sector del magisterio han reflejado su oposición a una reforma educativa que afecta a sus intereses. La evaluación magisterial es una medida que les afecta a debido a que nunca la evaluación había puesto en peligro su continuidad como profesor y en consecuencia su estabilidad laboral. Se consideraba que conseguir una plaza de profesor equivalía a tener seguro el trabajo de por vida. Con la Reforma Educativa, la estabilidad cambia a incertidumbre: los sindicatos de maestros ya no la garantizan.
Evaluar a los profesores que trabajan para el Estado no sólo es una medida deseable para conocer su competencias. Refleja la aplicación de estándares de medición a un trabajador, que como cualquier otro, debe ser evaluado para asegurar su desempeño optimo, en este caso, enseñando a niños y jóvenes del sistema de educación pública en México. Los maestros están en su libre derecho de reclamar por una medida que les afecta, que les crea incertidumbre laboral; sobre todo a aquellos que no están seguros de su competitividad, o bien, aquellos que ya no pueden vender esa estabilidad, como es el caso de los líderes sindicales del magisterio mexicano.
La sociedad civil mexicana ha sido respetuosa y tolerante a la libre expresión de los maestros afectados, pero esta consciente que su derecho al libre tránsito no ha sido garantizado. Las redes sociales, los medios de comunicación y los sondeos de opinión reflejan el enojo que han ocasionado el cierre de vialidades por parte de los manifestantes. Asimismo, cuestionan que los diversos órdenes de gobierno no garanticen al resto de la población su derecho para transitar libremente.
Las experiencias traumáticas de represión a manifestantes configuran una política de pasividad enmascarada de tolerancia. La represión que sufrieron estudiantes y trabajadores durante los gobiernos priístas de Díaz Ordaz y Echeverria, por mencionar algunos expresidentes emanados del PRI, y su repercusión en el México de hoy, han propiciado que se tolere y garantice las manifestaciones, aunque algunas de ellas se hayan tornado violentas, afectando la integridad y el patrimonio de terceros.
Las autoridades garantizan la libre expresión de algunos sectores afectados en sus intereses grupales, a cambio de impedir el derecho al libre tránsito de la mayor parte de la sociedad. Es una apuesta que ya están perdiendo los gobernantes. La falta de garantías al libre tránsito al resto de la sociedad se traduce en cifras a la baja en las encuestas de evaluación de los gobernantes, y eso lo saben los políticos.
Los gobernantes deben garantizar la libre expresión así como el libre tránsito. Es loable que se les garanticen a los grupos que se manifiestan, este derecho. Sin embargo, es cuestionables que en este afán no se le garantice a la mayor parte de la sociedad su derecho a transitar. La libertad de expresión se respeta cuando tu también respetas mi derecho a transitar, en palabras de Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno, es la paz" y, desafortunadamente, en este momento la sociedad no está en paz con los maestros manifestantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario