Chalchihuapan: una suma de errores

Chalchihuapan: una suma de errores.

Heber Abelino Florentino

Un desastre es una suma de errores. La muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, es producto de una suma de fallas que involucran al Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, al Secretario de Seguridad Pública, a la Legislatura Local, Líderes del Movimiento Los de Abajo, el Presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan y medios de comunicación.

     El Gobernador Rafael Moreno Valle es responsable de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo. Suyas fueron las iniciativas que dieron origen al desastre policiaco en Chalchihuapan. La ley Bala, aprobada en mayo de este año permitía que los policías podían utilizar armas de fuego en condiciones de máxima seguridad, como lo ocurrido hace unos días en Chalchihuapan. El malestar de los habitantes de Chalchihuapan y de otras juntas auxiliares del Estado de Puebla se debe a la puesta en ejecución de la Ley Orgánica Municipal hecha en la LVIII Legislatura y que les quito las facultades del servicio de registro civil a los ediles auxiliares.

     Facundo Rosas Rosas, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla también es responsable de la muerte Alberto Tehuatlie. Amparado en informes de la SEDENA, PGR y PGJ sostiene que los policías a su mando no dispararon balas de goma y que la muerte del menor fue ocasionado por un cohetón utilizado por los manifestantes. Argumento poco convincente debido a la ausencia de rastros de explosión en el cuerpo del niño y a las evidencias de balas de goma así como de envases de gases lacrimógenos que no se activaron. Los policías no aplicaron adecuadamente los protocolos para dispersar a los manifestantes. Intentaron realizar lo mismo que en la manifestación del CIS de Tehuacán, sin embargo, el conflicto escaló y ante un ataque de pánico la fuerza pública respondió con fuerza desmedida. Facundo Rosas ha dado muestra de incompetencia en el ámbito federal y local. Sus desafortunadas declaraciones evidencia su limitado razonamiento y por su pobre pragmatismo.

    Los diputados de las legislaturas LVIII y LIX también son responsables de la muerte de Tehuitlie Tamayo. La primera fue la responsable de aprobar Ley Orgánica Municipal que les arrebató las facultades del servicio de registro civil a los ediles auxiliares; y que ha provocado manifestaciones como la ocurrida en Tehuacán y Chalchihuapan con saldo de muerto, detenidos, lesionados y una gran tensión y malestar entre la población de las Juntas Auxiliares. Efecto pasado por alto al momento de legislar por parte de los diputados de la Legislatura LVIII. Los diputados de la Legislatura LIX aprobaron la Ley Bala pese a las advertencias de los especialistas y a los temores de la sociedad civil sobre las consecuencias que traería consigo. Ahora el Gobernador pide que se abrogue lo que presionó para que diputados aprobaran, un contrasentido, un doble error.

    Diputados locales del PAN afirman que la diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo y el Movimiento Nacional Los de Abajo, son los responsables de los hechos violentos que sucedieron en Chalchihuapan. El protagonismo de los hermanos Luna Porquillo, Vladimir y Roxana, en este desastre los involucra. Es evidente que los manifestantes estuvieron organizados y coordinados por líderes, sin embargo, en algún momento la manifestación se salió de control, manifestantes y fuerza pública e entraron pánico y empezaron los errores que le costaron la vida al joven.

    Los medios de comunicación aliados al gobernador (Tribuna Comunicación, CINCO Radio, Grupo Oro, Televisa y Sexenio por mencionar algunos) también son responsables de la muerte de Tehuatlie Tamayo. El silencio y el sesgo informativo son las armas que emplearon para desaparecer de la agenda los hechos violentos y sus consecuencias. El sesgo informativo empleado para criminalizar a los manifestantes también es empleado por subrayar el argumento que la policía no utilizó balas de goma y que la muerte del joven es producto de la falta de pericia de los manifestantes. Su actuar nos recuerda la máxima de López Portillo, “no pago para que me peguen”.

    Políticos, funcionarios y medios de comunicación son responsables de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie. Esta desgracia ha sido ocasionada por la negligencia e incompetencia de una estructura política incapaz de gobernar eficazmente. Enfrentar las manifestaciones de manera violenta ocasiona una espiral que agrava los conflictos y reduce las posibilidades de una solución pacífica. No es una muerte más. Es un deceso que cuestiona a toda la política del nuestro estado. La crisis de gobernabilidad no se apaciguará con la abrogación de una ley o con el despido de Facundo Rosas o con el improbable juicio político de Rafael Moreno Valle. El hartazgo se reflejará en las calles con más frecuencia y esperamos que sea de manera pacífica.